La posible instauración de un tope salarial en las Grandes Ligas no solamente amenaza con transformar el mercado de agentes libres. También abre una interrogante de enorme importancia para los peloteros: ¿qué sucedería con los millones de dólares que ya tienen garantizados mediante contratos multianuales?

La respuesta tiene varias aristas, pero hay un principio fundamental: imponer un límite al gasto de los equipos no significa que MLB pueda borrar automáticamente las obligaciones económicas que asumieron las franquicias con sus jugadores. El verdadero conflicto estaría en cómo negociar la transición hacia un nuevo modelo sin desconocer los acuerdos vigentes.

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MLB promete respetar los contratos vigentes

La propia MLB ha ofrecido una primera respuesta a esta preocupación. En su propuesta económica inicial para el próximo Convenio Colectivo de Trabajo (CBA), presentada en mayo de 2026, la liga aseguró que todos los contratos garantizados, tanto los actuales como los futuros, continuarían teniendo esa condición. Es decir, los jugadores que ya firmaron acuerdos multianuales no perderían el dinero pactado por la eventual entrada en vigor del límite salarial.

La aclaración es especialmente importante si observamos la magnitud de algunos compromisos económicos que tienen las franquicias. El contrato de Juan Soto con los New York Mets, por ejemplo, asciende a 765 millones de dólares durante 15 temporadas. Shohei Ohtani acordó 700 millones por 10 años con Los Angeles Dodgers, mientras que figuras como Vladimir Guerrero Jr., Aaron Judge y Kyle Tucker también representan compromisos financieros de largo alcance.

Un tope salarial no podría convertirse, por sí solo, en una autorización para desconocer esos acuerdos. Las obligaciones contractuales tendrían que respetarse conforme a las condiciones negociadas y a lo que finalmente establezca el nuevo convenio laboral.

Esto no significa que los propietarios estén dispuestos a aceptar cualquier mecanismo de transición. Precisamente, el problema radica en cómo acomodar compromisos que, en determinadas organizaciones, superan ampliamente el límite que pretenden establecer.

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El problema de los equipos que ya comprometieron millones

La dimensión del desafío quedó expuesta en la propuesta más reciente de MLB, presentada el 3 de noviembre. La liga planteó retrasar hasta 2028 la entrada en vigor del sistema, con un techo salarial de 258.2 millones de dólares y un piso de 180.2 millones.

La modificación no fue casual. MLB reconoció que varias organizaciones tienen compromisos económicos que las colocarían cerca o incluso por encima del límite proyectado para 2027. Un año adicional permitiría reorganizar sus nóminas sin provocar una alteración inmediata del mercado de agentes libres.

De acuerdo con los cálculos de la propia liga, tomando como referencia las nóminas de 2026, ocho equipos tendrían que reducir sus gastos en conjunto por aproximadamente 528 millones de dólares para ajustarse al techo propuesto. Entre ellos aparecen Dodgers, Mets, Yankees, Phillies, Blue Jays, Padres, Red Sox y Cubs.

En el extremo contrario, 12 organizaciones necesitarían incrementar sus nóminas en unos 636 millones para alcanzar el piso salarial.

La situación demuestra que el problema no consiste únicmente en impedir que los equipos más ricos gasten demasiado. También implica obligar a las franquicias de menor inversión a destinar más recursos a sus plantillas.

Para los clubes con grandes contratos vigentes, la transición sería particularmente delicada. No podrían simplemente desprenderse de sus obligaciones económicas para cumplir con el límite. Tendrían que administrar sus recursos de otra manera, esperar a que determinados compromisos concluyan y ser mucho más cuidadosos con las próximas contrataciones.

La postura de los jugadores: una garantía que podría tener matices

Aquí aparece el punto más controvertido de toda la discusión. Aunque MLB ha planteado que los contratos garantizados se mantendrían, la Asociación de Peloteros (MLBPA) considera que el modelo económico propuesto podría terminar debilitando esa protección.

En su respuesta del 3 de noviembre, el sindicato incluyó expresamente la eliminación de garantías contractuales entre sus principales preocupaciones. También cuestionó la posibilidad de introducir restricciones inmediatas a los derechos contractuales, incluso durante el supuesto año de transición de 2027.

¿Por qué existe esa diferencia de interpretaciones?

Uno de los elementos que genera preocupación es el mecanismo de escrow o depósito en garantía. Este sistema permite retener temporalmente una parte de las remuneraciones para ajustar posteriormente los pagos según el reparto de ingresos establecido en el convenio colectivo.

Es una herramienta que existe en otras ligas profesionales, como la NBA y la NHL. Sin embargo, desde la perspectiva de los jugadores, introduce incertidumbre sobre cuánto dinero recibirán finalmente y cuándo podrán disponer de él.

El director ejecutivo interino de MLBPA, Bruce Meyer, ha cuestionado precisamente ese aspecto. Su argumento es que una remuneración nominalmente garantizada puede perder parte de su seguridad económica si queda sometida a mecanismos de retención y ajustes posteriores.

Hay que distinguir dos conceptos: garantizar que un equipo debe pagar el dinero establecido en un contrato y garantizar que el jugador recibirá íntegramente ese dinero sin retenciones ni ajustes posteriores. No son necesariamente lo mismo.

Por tanto, el debate no se limita a proteger los contratos firmados antes de 2028. También está en juego qué garantías tendrán los peloteros que negocien sus próximos acuerdos bajo el nuevo sistema.

¿Qué ocurriría con las grandes estrellas?

Si finalmente se aprueba un tope salarial, los equipos tendrían que cambiar su estrategia de construcción de plantillas.

Los Dodgers, por ejemplo, no podrían seguir utilizando su capacidad financiera para incorporar estrellas sin considerar las consecuencias sobre el límite establecido. Los Mets y los Yankees enfrentarían una situación similar.

Esto no significa que contratos como los de Soto u Ohtani desaparezcan, sino que esas obligaciones ocuparían una parte considerable del espacio disponible para incorporar otros jugadores.

También podría aumentar la importancia de los intercambios en los que una organización asuma parte del salario de un pelotero. No obstante, esa alternativa no elimina automáticamente la obligación económica original: dependería de los términos de la transacción y de las reglas del nuevo convenio.

Otro efecto sería una transformación del mercado de agentes libres. Los equipos tendrían menos margen para ofrecer contratos extraordinarios a varios jugadores al mismo tiempo, mientras que las estrellas podrían encontrar mayor resistencia para conseguir acuerdos de larga duración.

En ese escenario, los peloteros de clase media también podrían salir perjudicados. Si las franquicias concentran buena parte de su presupuesto en dos o tres figuras, quedaría menos dinero disponible para completar el roster. Precisamente, ese es uno de los argumentos centrales de la oposición sindical.

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Una batalla que va más allá de los contratos actuales

La negociación todavía está lejos de resolverse. El convenio colectivo vigente expira el 1 de diciembre de 2026 y las partes mantienen diferencias profundas sobre el modelo económico que debería regir las Grandes Ligas.

La propuesta de MLB contempla un sistema de reparto de ingresos del 50 % para cada parte, además del límite salarial y un piso obligatorio de inversión. Los propietarios defienden que el mecanismo permitiría equilibrar la competencia, mientras que el sindicato teme que termine restringiendo los salarios y el poder de negociación de los jugadores.

En definitiva, los contratos millonarios que ya están firmados no deberían convertirse automáticamente en víctimas de un eventual tope salarial. MLB incluso ha ofrecido mantener sus garantías. Sin embargo, la verdadera batalla estará en definir cómo se contabilizarán esos compromisos, qué mecanismos de retención podrán aplicarse y cuáles serán las condiciones para los acuerdos futuros.

El béisbol podría cambiar sus reglas económicas, pero hacerlo sin afectar la seguridad contractual de sus protagonistas será uno de los mayores desafíos de esta negociación.