La expulsión de nueve funcionarios cubanos de República Dominicana el 13 de agosto de 2026 estaría vinculada, según los señalamientos que trascendieron sobre el caso, a una serie de actuaciones que las autoridades dominicanas consideraron incompatibles con el estatus diplomático y con la soberanía nacional.
El episodio se originó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras la salida de la delegación oficial cubana de cinco deportistas que decidieron permanecer en territorio dominicano: los esgrimistas Adán Núñez y Hershey Daniela de la Cruz, el jugador de softball Yasmani Álvarez, el portero de hockey sobre césped Moisés David Torres Puig y la remera Leah Daniela Almeida.
De acuerdo con las acusaciones formuladas contra los funcionarios expulsados, la respuesta de la representación cubana fue mucho más allá de las gestiones diplomáticas habituales. Según lo que expresaron los medios de comunicación El Día y Diario las Américas, estos fueron los pasajes errados dados por el oficialismo de la Mayor de las Antillas:
Operaciones de inteligencia fuera de sus funciones
Uno de los principales señalamientos apunta a que miembros del personal diplomático cubano realizaron labores de vigilancia, seguimiento y localización de los cinco atletas después de que estos abandonaran la delegación.
Las actuaciones denunciadas fueron consideradas ajenas a las funciones que corresponden a personas de este rango, especialmente si incluyeron mecanismos de rastreo encubierto destinados a localizar y presionar a ciudadanos cubanos que decidieron rehacer sus vidas en otra frontera.
Un cuestionamiento a la soberanía dominicana
Otro de los elementos que habría provocado la reacción de las autoridades dominicanas sería el supuesto intento de realizar operaciones de captura o coerción dentro del territorio nacional.
La cuestión adquiere especial gravedad porque el cuerpo extranjero no cuenta con facultades policiales en República Dominicana. Cualquier intento de localizar, retener o trasladar por la fuerza a los atletas sin autorización de las autoridades locales habría constituido una extralimitación de sus funciones y un desafío directo a la jurisdicción dominicana.
Presuntas amenazas contra los cinco deportistas
Los episodios de intimidación y acoso contra los afectados también formaron parte del "menú". La línea que salió a la luz pública expuso que los cinco deportistas recibieron presiones y amenazas destinadas a convencerlos de regresar a Cuba. La situación generó preocupación en la parte dominicana, particularmente por tratarse de un un grupo que se encontró bajo la jurisdicción del Estado anfitrión. El caso de los jóvenes se convirtió así en el centro de una batalla que trascendió el ámbito deportivo y pasó a tener implicaciones diplomáticas.
Presiones sobre el Gobierno dominicano
Otro punto de fricción habría sido la exigencia de la misión diplomática cubana para que República Dominicana procediera a deportar inmediatamente a los involucrados. Para la plana mayor del país sede, una petición de esa naturaleza no podría imponerse unilateralmente por una representación foránea.
La permanencia de los atletas debía ser analizada conforme a las leyes dominicanas y a los procedimientos migratorios correspondientes, no mediante presiones ejercidas por funcionarios de otro Estado. La decisión de los protagonistas de permanecer en el país, además, fue un elemento determinante en la confrontación entre ambas partes.
Uso irregular de credenciales diplomáticas
Las acusaciones incluyen también un supuesto uso indebido de las credenciales diplomáticas durante las competencias celebradas en Santo Domingo. Según lo que se apuntó, algunos funcionarios utilizaron su condición diplomática para acceder a espacios y realizar labores de vigilancia sobre integrantes de la propia delegación cubana.
De confirmarse esas actuaciones, el problema no se limitaría a un litigio entre representantes cubanos y atletas, sino que involucraría el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos por la nación anfitriona durante un evento deportivo internacional.
Acusaciones contra República Dominicana
La crisis adquirió una nueva dimensión a raíz de las acusaciones que esta versión expuso, en la que funcionarios cubanos dirigieron sus críticas contra las autoridades dominicanas. Desde la perspectiva de Santo Domingo, cualquier campaña destinada a presentarlos como responsable de una situación provocada por la decisión individual de los deportistas habría resultado especialmente delicada. La República Dominicana puede considerar esas acciones como una cuestionable respuesta a la hospitalidad ofrecida durante las competencias.
Una conducta incompatible con el estatus diplomático
En conjunto, el panorama dibujó un escenario en el que los expulsados habrían dejado de actuar exclusivamente como diplomáticos para asumir tareas de vigilancia, persecución y presión sobre cubanos en territorio extranjero.
Ese sería, precisamente, el elemento central de la decisión: no se trataría únicamente de la deserción de cinco deportistas, sino de la respuesta que dio la parte cubana ante esa situación. La expulsión de los nueve funcionarios se considera, por tanto, una medida dirigida a establecer un límite: cualquier misión diplomática extranjera debe desarrollar sus actividades dentro del marco de sus funciones y respetando las leyes y la jurisdicción del país receptor.
El episodio coloca nuevamente sobre la mesa una cuestión sensible para las relaciones internacionales: la protección de la soberanía nacional frente a actuaciones de agentes extranjeros y, al mismo tiempo, la obligación de garantizar que las personas que deciden permanecer en un país puedan hacerlo conforme a sus derechos y a los procedimientos establecidos por la legislación local.
En este caso, los cinco deportistas se convirtieron en la génesis de una crisis que terminó afectando directamente a las relaciones entre La Habana y Santo Domingo. Las acusaciones contra los funcionarios cubanos deberán distinguirse de los hechos que hayan sido formalmente acreditados por las autoridades. Pero, de confirmarse, explicarían por qué la presencia de esos nueve representantes pasó de ser una cuestión diplomática a convertirse en un asunto de soberanía y seguridad nacional.
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